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El Consejo de Ministros aprueba modificaciones a la ley sobre la ciudadanía “ius sanguinis”

El Consejo de Ministros adoptó el 28 de marzo el «paquete ciudadanía», un conjunto de medidas legislativas propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para reformar las normas en materia de ciudadanía. El objetivo de las medidas adoptadas hoy es reforzar el vínculo efectivo entre Italia y sus ciudadanos en el extranjero. El Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que «el principio del ius sanguinis no se verá menoscabado y muchos descendientes de emigrantes podrán seguir obteniendo la ciudadanía italiana, pero se fijarán límites precisos, sobre todo para evitar abusos o el fenómeno de la “comercialización” de pasaportes italianos». La ciudadanía debe ser un asunto serio».

En los países de mayor emigración italiana, de hecho, se ha registrado un fuerte aumento del reconocimiento de la ciudadanía en los últimos años. Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero pasaron de unos 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en 10 años. Los procedimientos judiciales pendientes para el reconocimiento de la ciudadanía superan los 60.000.

Por ejemplo, Argentina pasó de unos 20.000 en 2023 a 30.000 reconocimientos ya al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela contabilizó casi 8.000 reconocimientos en 2023. El número de personas de origen italiana en todo el mundo que podrían solicitar el reconocimiento de la ciudadanía con la ley actual se sitúa potencialmente entre 60 y 80 millones.

La reforma, que armoniza los criterios de reconocimiento de la ciudadanía italiana con los de nuestros socios europeos, liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, en la medida en que podrán dedicarse exclusivamente a quienes tienen una necesidad real, en virtud de su vínculo concreto con Italia. De hecho, el sistema actual repercute en la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a la presión de quienes viajan a Italia sólo para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de su ciudadanía, alimentando también el fraude o las prácticas desleales.

Para lograr este objetivo, se está llevando a cabo un proceso en dos fases: algunas normas entran en vigencia inmediatamente mediante decreto-ley y, posteriormente, se llevará a cabo una reforma orgánica de los requisitos sustanciales y procedimientos en materia de ciudadanía.

El decreto-ley aprobado hoy establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero sólo serán ciudadanos automáticamente por dos generaciones: quienes tengan al menos un progenitor o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde su nacimiento.

En la segunda fase, un primer proyecto de ley (también aprobado el 28 de marzo) introduce más cambios y otras modificaciones más profundas a la ley de ciudadanía. En primer lugar, exige que los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero mantengan vínculos reales con nuestro País a lo largo del tiempo, ejerciendo los derechos y deberes de un ciudadano al menos una vez cada veinticinco años.

La reforma se completa con un segundo proyecto de ley que también revisa los procedimientos de reconocimiento de la ciudadanía. Los residentes en el extranjero ya no se dirigirán a los consulados, sino a una oficina centralizada especial en la Farnesina. Habrá un periodo transitorio de aproximadamente un año para la organización de la oficina. La intención es hacer más eficientes los procedimientos, con evidente economía de escala. Los consulados tendrán que concentrarse en prestar servicios a los que ya son ciudadanos y no en «crear» nuevos ciudadanos.

Por último, la propuesta contiene otras medidas para mejorar y modernizar la prestación de servicios: legalizaciones, registro de personas, pasaportes, cédulas de identidad válidas para la emigración. Además, se prevén medidas organizativas para que la estructura de la Farnesina esté cada vez más al servicio de los ciudadanos y las empresas.

En consecuencia, todas las citas para la presentación de documentación para el reconocimiento de la ciudadanía «iure sanguinis» y la fijación de nuevas citas quedan suspendidas.

En cuanto se disponga de información actualizada, se procederá a su publicación.